Morena y el plan de reducción de salarios para diputados

Ley Reglamentaria para el artículo 127 constitucional

Mario Delgado, titular de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), anunció que el plan de austeridad reiteradamente propuesto durante la campaña del ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, empezará a aplicarse por medio de una reducción del 28% en el salario mensual de los diputados.

Si bien sí habrá una disminución en el ingreso total de los quinientos diputados federales, esta no será aplicada al cuerpo de su salario. Mario Delgado argumentó que esa decisión va acorde al artículo 127 de la Constitución. En dicho artículo se lee que los servidores públicos de la Federación, de sus diversas entidades y municipios y de cualquier ente de carácter público; recibirán una remuneración adecuada y proporcional a sus respectivas operaciones y funciones.

Este argumento, en particular, podría considerarse como una adecuación a lo mencionado por López Obrador y, por cierto, también incluido en las estipulaciones del 127 constitucional: ningún funcionario de gobierno podrá ganar más que el Presidente de la República. Es preciso remarcar que, si nos apegamos a los términos estrictamente constitucionales, ningún miembro de la Cámara de Diputados salía de los márgenes establecidos dado el monto de su salario.

Bajo esta línea discursiva, los 73 mil 764 pesos de salario que perciben los diputados quedarán intactos. Así como las aportaciones a la seguridad social, el ahorro solidario y la proporción mensual del aguinaldo. Sin embargo, el ingreso bruto de los miembros de las diputadurías pasará de 128 mil 230 pesos a 91 mil 507.

Entre los ajustes a las remuneraciones de los integrantes de la Cámara Baja está el de la completa supresión de prestaciones como el seguro de vida institucional, equivalente a 3 mil 959 pesos; el seguro de gastos médicos mayores, de 9 mil 207 pesos; el seguro de separación individualizada, por 12 mil 654 pesos; y el fondo de ahorro de 10 mil 910 pesos. El total de ahorro al implementarse estos recortes será de 36 mil 723 pesos por diputado.

Conceptos, todos estos, que la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, calificó, en su momento, como recortables e innecesarios. Polevnsky sostuvo, y sostiene, que gastos como los seguros médicos mayores deberán correr por cuenta propia de los diputados y los senadores en vez de ser cargados a los recursos del erario público. Esta es una premisa colectiva y compartida, aparentemente, en todas las filas del partido en posesión de la controvertida mayoría absoluta en la Cámara Baja.

Los diputados, o una notoria cantidad de ellos, solicitaron someter ante el Pleno la discusión y análisis sobre estas iniciativas bajo el argumento de querer una claridad acerca del destino de los recursos económicos ahorrados a fin, según ellos, de soslayar una posible suerte de limbo en las arcas de la Tesorería Federal. Evidentemente habrá en las semanas subsecuentes un desarrollo muy peculiar en cuanto al comportamiento del capital legislativo amasado por Morena.

Jorge Luis Preciado, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), fue uno de los que con el amparo de pertenecer y representar la "primera línea de oposición" para un adecuado ejercicio de gobernancia democrática, manifestaron esta inquietud. En sus palabras, los opositores abiertos no arguyen la trama del ahorro, sino del destino del mismo. Esto a modo de evitar que algún presidente, sea AMLO o el siguiente, haga uso de esos recursos.

Añadido a esto, está la, aparentemente inevitable, aprobación de la Ley Reglamentaria al Artículo 127 constitucional. Esta iniciativa abordaría cuestiones relacionadas con los salarios de los altos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los titulares de organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral(INE). Ahora bien, el detalle aquí es que López Obrador no puede modificar directamente las remuneraciones aprobadas en el Congreso. Para arreglar esta situación, Morena probablemente hará uso de su mayoría absoluta.

En concordancia con los datos arrojados, el 27 de febrero del 2018, por el Diario Oficial de la Federación los ministros de la SCJN perciben un salario neto, es decir, sin ningún concepto de prestaciones y añadidos, de 269 mil 215 pesos. Además, una vez retirados, los ministros tienen garantizada una pensión, los dos primeros años, igual al monto total de su remuneración mensual. Pasado ese periodo, reciben el 80% de la cantidad. Algunos referentes tomados por medios como La Jornada son Juan Silva Meza y Mariano Azuela.

De igual manera, el artículo 94 de la Constitución declara que, a los magistrados de circuito, los ministros de la Suprema Corte, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, entre otras figuras, no se les podrá reducir el total de su salario a lo largo del tiempo que estén en funciones. En este sentido, será interesante dar seguimiento en caso de formularse otra iniciativa de ley regulatoria para el 94 constitucional.

Asimismo, está el tema de los principales ocupantes de la dirigencia del INE. Los montos por concepto de salario base ascienden a los 258 mil 549 pesos más diferentes tipos de compensaciones. Pese a lo señalado en párrafos anteriores y en paralelismo con lo determinado en la Cámara de Diputados, es posible eliminar las nociones de compensaciones garantizadas, pero, en estos dos casos (titulares del INE y ministros de la SCJN) para ajustar, por decirlo de alguna manera, los montos de los salarios, sí son precisas alineaciones singulares a los artículos constitucionales.

Pareciera que, aunque el panorama legislativo favorezca a López Obrador y Morena, no resultará tan sencillo materializar una de las propuestas medulares de la campaña: la reducción de los salarios de los altos funcionarios. Mario Delgado habló y se pronunció a favor de la implementación de la iniciativa en la Cámara de Diputados (aún por resolverse de manera definitiva), ese en un importante primer paso, pero la aplicación de la misma estrategia en otras instancias aún está por entrar en su etapa más crítica.

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