¿Es posible una legislación o censura en redes sociales sin afectar derechos humanos?

Ciberviolencia, ciberfraudes y desinformación son producto del mal usp que se da a plataformas como Facebook, Twitter y YouTube

La ciberviolencia, los ciberfraudes y la desinformación son tres de los principales fenómenos experimentados en las redes sociales cuando los usuarios no hacen buen uso de estas herramientas. Hoy día gigantes tecnológicas como Facebook, Twitter y YouTube aplican en todo el mundo sus propias normas y políticas de uso para regular los contenidos publicados a través de sus plataformas, aunque también se ciñen a censuras o legislaciones de determinados países dentro de las fronteras de esas naciones (China, Alemania y Rusia, por ejemplo). ¿Qué debe implementarse: legislación o censura?, ¿podría lograrse sin afectar derechos humanos?

Ewan Sutherland, miembro del Centro LINK de la Universidad de Witwatersrand (Johannesburg, Sudáfrica), al abordar la vigilancia digital que propician las redes sociales y el internet en África ("desde el [nivel] mínimo hasta el orwelliano"), explica: "los gobiernos han podido extender sus prácticas establecidas de la ley y el orden a las telecomunicaciones, el acceso a internet y las redes sociales, por ejemplo, a través de filtros de palabras clave, bloqueo de sitios web y servicios individuales de forma temporal o permanente, e identificación de individuos para interrogarlos y efectuar interrogatorios mejorados".

Por lo general, cuando se debaten temas como la legislación o la censura en redes sociales se prioriza el cómo contribuir a mejorar la salud conversacional de las plataformas, es decir, combatir ciberviolencia, ciberfraudes y desinformación. Pero en su estudio Sutherland destaca otra arista del problema: "En la práctica, muy pocos están obligados a respetar los derechos humanos. Casi no hay restricciones efectivas en la adopción de tecnologías de vigilancia sofisticadas, aparte de la disponibilidad limitada de habilidades. Los derechos constitucionales a la privacidad y la dignidad se ignoran sistemáticamente, al igual que las quejas sobre los cierres".

Garantizar la libertad de expresión y el respeto al resto de los derechos humanos de todos los usuarios, a la vez que se destierran usos malintencionados de las redes sociales, es el gran reto de la regulación y la censura de contenidos en esas plataformas tecnológicas. Por su parte, en el artículo «Cómo no regular las redes sociales», Shoshana Weissmann de The New Atlantis (revista especializada en tecnología y sociedad) nos recuerda: "La regulación de las redes sociales se ha convertido en un tema candente desde la injerencia rusa en las elecciones [estadounidenses] de 2016 y el ampliamente malentendido escándalo Facebook-Cambridge Analytica".

En el caso particular de la salvaguarda de la privacidad de los usuarios, la autora sugiere adoptar en las redes sociales paradigmas de confidencialidad semejantes a los que en la vida real se aplican entre pacientes y médicos.

Facebook, Twitter y Google testificaron en junio de 2019 ante el Comité de Seguridad Estadounidense de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, fueron cuestionados en torno a lo sucedido en redes sociales durante el atentado contra mezquitas de Christchurch (Nueva Zelanda, marzo de 2019). Durante sus participaciones en la audiencia pública, Nadine Strossen, expresidenta de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y abogada experta en la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos (relativa a la libertad de expresión), cuestionó la factibilidad misma de legislar o censurar estas plataformas.

Strossen destacó que sería imposible crear un marco internacional legislativo capaz de regular o censurar absolutamente todos los tipos de expresiones o usos de las redes sociales de forma tal que se garantizara la efectividad de tales medidas y a la vez el respeto de los derechos humanos (incluida la libertad de expresión) de quienes usan plataformas como Facebook, Twitter o YouTube. Más allá de implementar legislación o censura en redes sociales, la abogada apeló a la necesidad de comenzar a educar a los usuarios desde temprana edad y mejorar la colaboración entre las gigantes tecnológicas y las autoridades gubernamentales responsables de proteger a los ciudadanos.

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