Australia retira proyecto de ley contra la desinformación en plataformas digitales

Ciudad de México, 05-12-2024 |

Australia abandona proyecto de ley para regular desinformación en plataformas digitales

Australiaretiró un controvertido proyecto de ley que buscaba multar a las plataformas digitales con hasta el 5% de sus ingresos globales si no controlaban la difusión de información errónea. La propuesta, respaldada por el gobierno laborista, buscaba otorgar a la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios (ACMA) la capacidad de establecer reglas para combatir la desinformación en línea.

La ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, defendió la iniciativa como un paso fundamental para proteger la democracia. "Este proyecto de ley habría marcado el comienzo de un nivel de transparencia sin precedentes", señaló Rowland, subrayando que las plataformas tecnológicas deberían rendir cuentas sobre sus procesos para prevenir la propagación de desinformación.

El proyecto enfrentó un rechazo significativo tanto en el ámbito político como en la opinión pública. Según Rowland, la falta de apoyo en el Senado impidió que la medida avanzara. "Está claro que no hay ninguna vía para legislar esta propuesta a través del Senado", declaró la ministra.

Figuras destacadas como Elon Musk, propietario de X, calificaron la propuesta de "fascista", mientras que el ministro de Comunicaciones en la Sombra, David Coleman, la describió como una amenaza a la libertad de expresión. "Este proyecto era un ataque impactante a la libertad de expresión que traicionaba nuestra democracia", afirmó Coleman, quien instó al gobierno a descartar cualquier intento futuro de introducir legislación similar.

Aunque el proyecto fue retirado, el gobierno australiano planea seguir abordando los desafíos digitales. Rowland instó al Parlamento a apoyar medidas contra las falsificaciones profundas, regular la inteligencia artificial y garantizar la veracidad en la publicidad política, especialmente durante las elecciones.

Este caso reavivó el debate sobre el equilibrio entre la regulación gubernamental y la libertad de expresión en plataformas digitales. Una vez más, la legislación fallida dejó claro que la discusión sobre cómo manejar la desinformación sigue abierta.