COBB Tuning pagará multa de 2.9 millones de dólares por violar la Ley de Aire Limpio

La empresa COBB fue sancionada por violar la ley de Aire Limpio

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) anunciaron un acuerdo con COBB Tuning Products para resolver las acusaciones de violación de la Ley de Aire Limpio. La empresa, con sede en Austin, Texas, deberá pagar una multa de 2,9 millones de dólares y cesar la producción y comercialización de dispositivos que permitían desactivar los controles de emisiones en vehículos automotrices.

La denuncia, presentada junto con el acuerdo de conciliación, señala que COBB vendió más de 90 mil dispositivos entre 2015 y 2023, los cuales permitían desactivar los controles de emisiones aprobados por la EPA. Esto provocó un aumento significativo en las emisiones de contaminantes, como óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y monóxido de carbono, afectando la calidad del aire.

Todd Kim, fiscal general adjunto de la división de medio ambiente y recursos naturales del Departamento de Justicia, afirmó: "COBB creó un software que permitía a los usuarios desactivar los controles de emisiones, lo que aumentaba la contaminación y violaba la ley". Por su parte, David M. Uhlmann, administrador adjunto de la Oficina de Cumplimiento de la EPA, señaló que "estos dispositivos han incrementado la contaminación en comunidades ya afectadas, y la EPA tomará todas las medidas necesarias para responsabilizar a los contaminadores".

En efecto, el acuerdo obliga a COBB a eliminar de su software las funciones que desactivan los controles de emisiones, destruir los productos restantes en su inventario y cesar el soporte técnico o las garantías sobre los productos previamente vendidos. Además, la compañía deberá actualizar sus materiales de marketing, informar a sus clientes sobre la ilegalidad de los dispositivos y capacitar a su personal en temas de cumplimiento normativo. Este acuerdo fue presentado ante el Tribunal de Distrito del Oeste de Texas y estará sujeto a un período de comentarios públicos de 30 días antes de su aprobación final.

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